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El Gobierno quiere dar un giro a la regulación de la vivienda“como un servicio público de interés general”. Y una vía para conseguirlo será adoptar “medidas de carácter coercitivo” contra los propietarios de viviendas vacías. Así lo asegura un informe interno sobre la situación de la vivienda social elaborado por la Secretaría General de Vivienda y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Estas medidas no se limitarán a los inmuebles propiedad de bancos o promotoras, sino también a “personas físicas”, según este documento, que insiste también en regular la función social de la vivienda y darle rango de ley estatal.

En España se calcula que hay 3,4 millones de viviendas vacías, según el Censo de Población y Viviendas del INE del año 2011, el último disponible. “Conseguir movilizar” esa bolsa de vivienda vacía es uno de los principales objetivos que se ha marcado el Ministerio de Fomento. En un informe fechado el 11 de septiembre, y que ya ha sido presentado en el Consejo de Ministros, Fomento insiste en que es necesaria una normativa homogénea y que la única forma de garantizarla es la legislación básica estatal. Solo así se evitaría la situación actual de “desigualdad”: hay comunidades que han puesto en marcha medidas como las sanciones, la cesión y el alquiler forzosos, e incluso la expropiación temporal del uso; las hay que aplican estas medidas a bancos y sociedades de activos inmobiliarios, y otras a cualquier propietario, y también se da el caso de Administraciones que han vendido parques públicos de vivienda a sociedades de inversión.

El Gobierno, según esta hoja de ruta, pretende que la vivienda deje de considerarse un bien especulativo. Por eso la regulación básica de los patrimonios públicos de vivienda social incluirá la protección “frente a posibles enajenaciones a personas jurídicas con ánimo de lucro” y que no respeten esa función social. Uno de los casos más sonados fue la enajenación, en plena crisis económica, de 5.000 viviendas sociales de alquiler adjudicadas a familias en situación vulnerable por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Las compraron los fondos de Goldman Sachs y Blackstone, y empezaron a subir las rentas y a desahuciar a quienes no pudieron pagarlas.

Evitar estos casos es una de las prioridades de la estrategia gubernamental, que también plantea modificar el actual Plan Estatal de Vivienda, el instrumento con el que el Estado puede influir en una competencia que reside en las comunidades autónomas. El Gobierno quiere “ahondar en el carácter social de los programas de ayudas” y, más concretamente, incrementar el parque público de vivienda en alquiler y “protegerlo” para asegurar en el tiempo su carácter de servicio de interés general. El actual plan de vivienda trata por igual a los promotores públicos y privados y establece el mismo plazo de protección de una vivienda financiada con fondos públicos: 25 años. La intención del Ejecutivo es acabar con esta situación y establecer plazos de gestión social “de muy larga duración”. Una vez finalizados estos plazos, las viviendas ya se regirían por el nuevo régimen jurídico, es decir, nunca perderían la finalidad para la que fueron construidas con fondos públicos.

Línea de ayudas

Fomento habla en el documento presentado al Consejo de Ministros de crear una línea específica de ayudas para la creación de parque de viviendas sobre suelos públicos “con una protección de sus inquilinos durante un plazo muy superior al actualmente previsto”. También prevé otra línea de financiación para ampliar los parques públicos de vivienda mediante la compra. Bien adquiriendo en el mercado, bien ejerciendo el mecanismo del tanteo y retracto para evitar que fondos con ánimo de lucro se puedan hacer con promociones públicas.

El titular de Fomento avanzó algunas de estas medidas en su comparecencia en el Congreso en julio pasado. Allí ya anunció que la duración de los contratos, que se redujo a tres años con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, volverá a ser de cinco años para dar mayor seguridad a los inquilinos. También presentó un plan de choque para promover la construcción de 20.000 viviendas en zonas con alta demanda y donde los precios del alquiler son tan altos que expulsan a las clases trabajadoras y medias. El documento no da más detalles y habla tanto de provisión como de “rehabilitación”. Precisamente la rehabilitación de vivienda, especialmente para favorecer el alquiler, tendrá financiación a través de líneas específicas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), según el informe.

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