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Agentes de la Guardia Civil, bajo la supervisión de inspectores de Salud Pública, se llevaron ayer para su destrucción cientos de kilos de jamones y embutidos en mal estado que había almacenados en una nave del polígono industrial del municipio de Novetlè, cerca de Xàtiva.

Los productos –salchichones, fuet y otras carnes procesadas– permanecían inmovilizados por mandato judicial desde el pasado mes de junio como parte de la investigación que afecta a varias empresas de Alzira, Bocairent y Cheste, por un presunto fraude al reintroducir en el mercado alimentos con la fecha de consumo vencida tras retirar las partes en mal estado y proceder a su reetiquetado con nuevas fechas de consumo preferente.

Según explicaron ayer fuentes conocedoras de los hechos, el holding de empresas investigadas (secaderos de jamón, plantas de almacenaje y distribución y naves de procesado de productos) almacenaba parte del producto en esta nave de Novetlè, situada en el polígono industrial del municipio y que carecía de cualquier tipo de identificación visible.

El juzgado responsable de la investigación está ahora dictando las órdenes de destrucción de la carne inmovilizada en su día (cerca de 490 toneladas). En algunos casos, son las propias empresas, bajo supervisión de la Guardia Civil, las que están destruyendo la carne mientras que en otros, como el de Novetlè, son directamente Salud Pública y la Guardia Civil los encargados de retirar el producto para su destrucción.

Trama nacional y alerta sanitaria

La investigación de València forma parte de la abierta por la Guardia Civil en Extremadura contra empresas que operaban de forma similar y que formarían una trama a nivel nacional para reintroducir, presuntamente, alimentos caducados de nuevo en el mercado.

El alcance de la red valenciana se empezó a conocer a mediados de junio cuando se decretó el cierre de una empresa en Alzira donde se encontraron hasta 100 toneladas de jamón y productos cárnicos en mal estado, almacenados con moho y entre heces de ratón.

Los técnicos de Sanidad que acudieron al registro comprobaron que, en la nave, se reenvasaban las piezas tras retirar las partes afectadas y, además, la firma trabajaba sin ningún tipo de autorización ni registro sanitario.

A partir de ahí, las autoridades sanitarias lanzaron una alerta a toda España a través de la Agencia Española de Consumo ante el peligro que suponía el consumo de estos productos. Tras la nave de Alzira, siguieron los registros y la inmovilización de producto en Bocairent o Cheste: cerca de 500 toneladas en total que ahora se destruirán.

Por: Levante-EMV

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