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No ha sido una casualidad. La sucesión de gestos de miembros del Gobierno a favor de excarcelar a los líderes independentistas procesados por rebelión y malversación, e incluso la reapertura del debate sobre un posible indulto futuro, forman parte de una estrategia muy medida, según fuentes del Ejecutivo. La intención es frenar en Cataluña las posiciones más extremistas y ayudar a quienes apuestan ahora por una línea más pragmática. El Gobierno va a seguir con esta línea de gestos, que este lunes criticaron PP, Ciudadanos y asociaciones de jueces.

Los presos son el principal escollo para cualquier negociación política en Cataluña. Esto para el Gobierno ya no es una opinión, es un hecho que se constata en cada reunión con el Ejecutivo catalán. Todas las conversaciones, hasta las más técnicas sobre asuntos de gestión diaria, acaban igual: no se puede avanzar mientras los líderes del procés estén en prisión. Por eso el Gobierno de Pedro Sánchez, asumiendo el coste político que tiene en el resto de España una posición que supone una presión añadida a los jueces, ha decidido asumir esta realidad. Y ha logrado la reacción que esperaba: satisfacción en la Generalitat e indignación en PP y Ciudadanos.

Ahora mismo al Gobierno le preocupa mucho más lograr lo primero que evitar lo segundo. Sánchez y su equipo son conscientes de que la crisis catalana, que ya erosionó a Mariano Rajoy, puede hundir su proyecto, impedirle aprobar sus propuestas más importantes, sobre todo los Presupuestos, y forzarle a convocar elecciones. Por eso, y porque está convencido de que la política española no podrá avanzar hasta que no se encauce el problema de Cataluña, Sánchez, de viaje estos días por Canadá y EE UU, ha decidido lanzar un mensaje claro de que la crisis es política y solo tendrá una solución política, no judicial.

Lo que más preocupa al Gobierno en este momento es la batalla dentro del independentismo y el riesgo de que se impongan las tesis más duras, las que piden insistir en la vía de la ruptura, no apoyar en nada al Ejecutivo para forzar la caída de Sánchez y volver a las decisiones unilaterales de 2017. El Ejecutivo, con sus gestos a favor de la salida de los presos que están en prisión preventiva —la vicepresidenta Carmen Calvo fue muy clara, y Sánchez avaló desde Canadá sus palabras—, quiere reforzar a los que están apostando por dar una oportunidad al diálogo. Y sobre todo por rebajar el tono ante la celebración del juicio, ya que el Gobierno cree que en un ambiente de fuerte crispación será más difícil que fiscales y jueces suavicen su posición respecto a los encarcelados por el procés.

Todo eso implica una operación de alto nivel en varios frentes. Oriol Junqueras, el líder de ERC y principal inspirador desde la cárcel de esta estrategia para bajar el tono, dijo este lunes en La Vanguardia que él no huiría como Carles Puigdemont. “Si mañana pudiera salir de prisión, sin lugar a dudas me quedaría en Cataluña, al lado de la gente”, declaró. Todo un mensaje para los jueces, sobre los que recaen presiones enormes de un lado y de otro. Los nueve líderes independentistas que están en prisión preventiva siguen en esa situación porque los jueces aprecian riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Otros siete procesados están fugados.

El PP empleó este lunes las intervenciones públicas de todos sus portavoces en cargar contra el Gobierno por este asunto. El líder popular, Pablo Casado, acusó al Ejecutivo de “contemporizar” con el independentismo y a Sánchez de ser “un rehén” de los separatistas. No cabe diálogo con quien pone “una pistola encima de la mesa”, dijo, aunque luego matizó que era “una forma de hablar”. El secretario general del partido, Teodoro García Egea, remató la idea: “Lo único que le queda por hacer al Gobierno es levantar una pancarta pidiendo la libertad de los presos y ponerse un lazo amarillo en la solapa”.

Crítica de jueces y fiscales

Los populares forzarán en el Congreso que se vote una proposición de ley para prohibir los indultos en casos de sedición o rebelión, lo que obligará al PSOE a definirse. Ciudadanos apoya esa propuesta, pero quiere añadir los indultos por corrupción, informa Elsa García de Blas.

Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales criticaron las palabras de Carmen Calvo. El presidente de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, las tildó en declaraciones a Europa Press de “irresponsabilidad absoluta”. Manuel Almenar, de la Asociación Profesional de la Magistratura, pidió al Gobierno que sea “respetuoso con la separación de poderes y la independencia judicial”.

Por: El País

 

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